Estamos cerca de un cumpleaños nada feliz, hace casi 10 años, el 1 de enero de 2007, entraba en vigor una de las leyes más esperadas y que tenía que convertirse en el cuarto pilar del Estado del Bienestar, la LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. La realidad es que el “pilar” se empezó a desmoronar recién puesto y lo que se ha hecho desde entonces es apuntarlo del mismo modo que se refuerza una casa que presenta signos de derrumbe, y a la que, una vez sustentada, se la deja ahí hasta ver que se hace con ella, derribarla definitivamente o restaurarla.

 

Y es que es una ley de quiero y no puedo. Contra lo que piensan muchos, no está declarada taxativamente como una ley básica de carácter estatal, de hecho, el Sistema Nacional de Dependencia no está insertando en la Seguridad Nacional, es una ley de asistencia social subordinada a las leyes de las CCAA.

 

Y es aquí donde está la base del problema, porque una ley general básica es la que marca con claridad las condiciones básicas de acceso a las prestaciones, sin embargo, la Ley de Dependencia solo garantiza unos mínimos dejando en manos de las comunidades la aplicación efectiva de la ley. 

 

A partir de ahí, el derecho a la igualdad de todos los españoles salta por lo aires porque dependiendo de la comunidad donde se resida el derecho deja de ser “objetivo” para convertirse en “subjetivo” (facultad que se tiene para exigir el cumplimiento de la norma). Para decirlo de una manera más clara, que las personas con derecho a las prestaciones de la ley están a expensas de la sensibilidad política del gobierno regional de turno y se rompen los principios de igualdad.

 

Desde hace casi diez años, la Ley de Dependencia es una pesada losa tanto para el gobierno central como para los gobiernos autonómicos. Ninguno se atreve a reconocer que estarían encantados de quitarles los puntales para que se derrumbe totalmente. El cumplimiento de la ley es un desgaste político para cualquier gobierno porque su incompetencia para cumplirla, en toda su extensión, es un constante foco de debate social y se convierte en un arma arrojadiza para la oposición.

 

El gobierno central se escuda en la crisis de los últimos años y Bruselas para justificar los recortes de la ley, y las CCAA en el ajuste impuesto para para la estabilidad presupuestaria. De nuevo, se aplica la máxima política de trasladar las responsabilidades propias a terceros.

 

Es importante recordar varias cosas:

 

La primera, que no hay crisis que justifique dejar de atender a colectivos tan vulnerables como son las personas dependientes, mientras se emplean millones de euros en salvar bancos. ¿Duena demagógico? Me da lo mismo.

 

La segunda, que estamos entrando en un invierno demográfico donde en unos años la mayoría de la población de este país serán mayores, y salvo que incapaciten a los mayores de 60 años, van a votar y exigir sus derechos.

 

Tercero, que es inmoral mirar para otro lado esperando a que los beneficiarios de la ley se vayan muriendo mientras esperan ver reconocido su derecho.

 

Quiero recordar también que, en su origen, la ley no contemplaba a las personas con discapacidad (uno de los grandes logros del CERMI fue conseguir que las contemplase). Se olvidaban que muchas personas con discapacidad necesitaban apoyos para su autonomía personal. Y esa rectificación de última hora se sigue notando en los efectos de la norma porque, como casi siempre, el sector poblacional de las personas con discapacidad dependientes es el último de la fila. Por ejemplo, algo tan básico como la figura del Asistente Personal para las personas con gran discapacidad, no está ni se la espera.

 

No quiero acabar sin hacer mención al “copago confiscatorio”, una forma injusta de estantalar la ley. La iniciativa legislativa popular que puso en marcha el CERMI el año pasado, y que consiguió más de 700.000 firmas, superando con creces las 500.000 exigibles, pondrá encima de la mesa del Congreso de los Diputados la proposición de ley para revertir una situación inasumible para muchas personas dependientes. Todavía cabe la esperanza.

 

Ya tenemos Gobierno y Parlamento. Pónganse a trabajar y recuperen el impulso necesario para hacer realidad, de una vez por todas, una de las leyes de mayor calado en nuestro país. Que dentro de diez años pueda escribir una nueva columna hablando de las bondades de la aplicación de la norma, ya que, para esos años, yo también seré dependiente. Y, por cierto, señores parlamentarios, ustedes también serán mayores y, en mayor o menor medida, dependientes.

 

El cierre esta semana se lo dejo a Luis Cayo, reproduciendo unas declaraciones suyas hechas en Valencia: “la Ley de Dependencia fue una norma que se vendió como una gran conquista social, y ha resultado una estafa moral, ya que no se ha terminado de aplicar en los términos previstos, y lo que se ha aplicado se ha hecho con la crueldad infinita que supone el copago”.